Años después del estallido de la crisis los bancos continúan con sus reestructuraciones, fusiones y saneamientos. De vez en cuando alguno es rescatado por el Estado (el último de ellos Bankia). Llevamos ya tres reformas financieras, (dos en los últimos seis meses) y el sistema financiero español sigue sin cumplir con la función fundamental económica que justificaría su existencia: facilitar el crédito y con ello contribuir a la reactivación de la economía.

Consecuencia de ello es que mucho tienen que ver en que cada día cierren, por falta de liquidez, cientos de pequeñas y medianas empresas incapaces de acceder al crédito y con ello dotarse de la liquidez necesaria con la que afrontar el día a día.

Y no es que el Estado no haga esfuerzos para sanear nuestro sistema bancario. Valga el dato de que el rescate de la mencionada Bankia va a costar al contribuyente la friolera de entre ocho y diez mil millones de euros. Por cierto, la misma cantidad que el Gobierno piensa recortar en Sanidad y Educación, según las medidas anunciadas a finales de abril y concretadas definitivamente ayer con su aprobación por el Congreso de Diputados.

Es decir, los beneficios de los bancos no han dejado de ser positivos y, cuando han dejado de serlo ahí ha estado el gobierno para socorrerlos. Sin embargo, muchos de sus clientes, fundamentalmente personas particulares, familias y pequeñas y medianas empresas se encuentran ante una insuficiencia financiera asfixiante.

La otra pata del sistema financiero, las cajas de ahorros, han tenido como uno de sus principales rasgos distintivos el carácter social. Estas entidades destinaban una parte de sus beneficios a fines sociales a través de la obra social. En concreto, en nuestro ámbito, la normativa andaluza sobre Cajas de Ahorros las obliga a destinar la totalidad de los excedentes, excepción hecha de las partidas destinadas a reservas, a la creación y mantenimiento de la obra social cuya finalidad es el fomento del empleo, el apoyo a la Economía Social y el fomento de la actividad emprendedora, así como la financiación de obras y actuaciones en los campos de los servicios sociales,… y “cualesquiera otras de naturaleza análoga que favorezcan el desarrollo socioeconómico de Andalucía”, según reza literalmente. Pero con la llegada de la crisis y las pérdidas sufridas por algunas entidades; la desaparición de alguna de ellas por absorción, fusión, etc.; el traspaso a bancos de su negocio financiero y la nacionalización de algunas de estas cajas bancarizadas se está amenazando la financiación de la obra social. Y todo esto en un contexto en el que se están viendo incrementadas las demandas sociales como consecuencia directa de la adversa situación económica.

En definitiva, dentro de un contexto de crisis generalizada el sistema financiero no aporta las soluciones que debiera y, además, acarrea un doble problema. El primero de ellos es su nunca resuelta crisis y consecuentemente la paralización de su labor crediticia. En segundo lugar, la pérdida de la labor social de parte sustancial de él, el de las cajas de ahorros. Respecto a esto último se estima en más de 3.600 millones de euros lo que dejarán de invertir en obra social, a lo largo de 2012, con consecuencias nefastas sobre el empleo y el dividendo social.

Dentro de este panorama una novedad puede ser, al menos en su apartado económico, la iniciativa anunciada por el nuevo gobierno andaluz respecto a la creación del Instituto Andaluz del Crédito. Institución pensada, a decir de alguno de los integrantes del ejecutivo, para realizar la labor crediticia que insuficientemente se viene haciendo desde el sector financiero. Habrá que estar atento a su puesta en marcha y desarrollo.

La importancia de contar con un sector financiero solvente y saneado no es cuestionable. Tampoco debe de serlo la labor crediticia que deben ejercer. En caso contrario pierden el sentido de su función primordial hacia la sociedad. Y, por supuesto, tampoco se debe de perder la función de redistribución de riqueza y lucha contra la exclusión social que realizan las cajas de ahorros.

Hay que llegar a un equilibrio a través del cual las personas y los intereses colectivos encuentren acomodo dentro de un sistema financiero humanizado y no solo al servicio de intereses meramente mercantilistas.