El diccionario de la Real Academia de la Lengua española define literalmente en una de sus acepciones como “austeridad de vida, falta de lo necesario para subsistir” o como “pobreza, limitación de amplitud intelectual o moral” el término “estrechez”. Sustantivo al que se ha referido el Presidente del Gobierno, el miércoles pasado, en su comparecencia ante Las Cortes para dar a conocer las últimas medidas de ajuste.

No sabemos cual de las dos definiciones se adapta mejor para definir las estrecheces, (austeridad o pobreza), que para muchos ciudadanos tendrán medidas como subir el IVA, (impuesto indirecto nada progresivo y que afecta sin distingo alguno a toda la ciudadanía) que, además, incidirá directa y negativamente sobre el consumo; la reducción en la prestación por desempleo, cuando desgraciadamente las cifras de desempleados provocan alarma social; la eliminación de la deducción por vivienda, cuando la mayor parte de la población vive unida a una hipoteca; o la eliminación de la paga de Diciembre a los funcionarios, colectivo que ya viene sufriendo la merma de sus remuneraciones y derechos.

Recortes que supondrán 65.000 millones en los próximos dos años y que incrementan y, con ello, deterioran aun más las consecuencias de anteriores medidas tomadas sobre derechos como la educación, salud, pensiones y dependencia. En definitiva, se continúan dando pasos firmes en una dirección que entendemos como errónea, el deterioro, por no decir seudo- desmantelamiento, del Estado del Bienestar.

Todo lo anterior queda justificado con el argumento de que la austeridad es necesaria, imprescindible en una situación de déficit como la actual y que todas estas "estrecheces", en palabras del Presidente del Gobierno, “serán decisivas para salir de la actual recesión y volver a crecer y crear empleo”. Pero lo cierto es que la economía no mejora; el deterioro del mercado laboral es insostenible; las empresas pequeñas y medianas siguen desapareciendo por falta de liquidez crediticia con la que afrontar el día a día y; el bienestar educativo, de salud y de asistencia social de muchas personas y familias sigue deteriorándose y sin visos de mejora.

Este nuevo plan de ajustes es el quinto desde que empezó la crisis, uno en la anterior legislatura y cuatro con el gobierno actual. En total 115.000 millones en recortes con unos resultados hasta ahora, al menos, nada esperanzadores en materia económica y social. Es más el “sacrosanto” equilibrio presupuestario está cada vez más difícil de alcanzar. Ahí está para demostrarlo (a pesar de todos los recortes) la prima de riesgo que, impertérrita a los ajustes, sigue escalando posiciones o el déficit del estado que hasta mayo ascendía a, prácticamente, todo lo previsto para el conjunto del año. Ante ello solo caben dos posturas, bien continuar recortando sobre lo recortado o replantearse un cambio en las políticas económicas seguidas hasta ahora.